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Por Luis Larraín A Subdirector Libertad y Desarrollo
MK II: gato por liebre
Se viene tramitando en el Congreso hace tiempo el denominado MK II, que introduce reformas al mercado de capitales. Se suponía que este proyecto iba a incentivar el financiamiento de capital de riesgo y otras cuestiones, tales como cambios a la ley de prendas y regulaciones diversas.

18 de julio de 2005

Se suponía, pero algo pasó entremedio. El descubrimiento de contratos entre el MOP y el cuñado del presidente Lagos, la denuncia de numerosos contratos de Codelco con distintos personeros de la Concertación y otras "gracias" que dejaban mal parado al gobierno llevaron a éste a aplicar la vieja teoría del empate: los problemas de probidad y transparencia no están sólo en el sector público, sino también en el privado así es que hay que legislar para regular al sector privado.

Y así, de la noche a la mañana se introducen indicaciones al proyecto de MK II que alteran de manera importante el funcionamiento del gobierno societario. Por ejemplo, se obliga a que las empresas con ventas mayores a US$ 45 millones tengan en sus directorios al menos 2 directores independientes y se aumenta hasta 11 el número mínimo de directores para estas sociedades, en caso que los accionistas distintos del controlador no tengan el porcentaje suficiente para elegir a esos dos directores. El supuesto que está detrás de estos cambios es que el controlador de una empresa podría aprovecharse de su condición para, a costa de los otros accionistas obtener ventajas para sí en contratos o transacciones relacionadas.

Pero resulta que el gobierno pasa por alto que ya existen numerosas disposiciones destinadas a evitar eso. De partida, la existencia de los Comités de Directores o Comités de Auditorías, que deben aprobar todas las transacciones con personas relacionadas. Adicionalmente, si los accionistas que representan al menos un 5% de las acciones emitidas con derecho a voto estimaren que las condiciones de una transacción no son favorables a los intereses sociales, pueden solicitar al directorio que se cite a una junta extraordinaria de accionistas para que ésta resuelva con el acuerdo de dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. Este mecanismo, por ejemplo, se aplicó en el caso en que Telefónica vendió su filial móvil a un relacionado. Es decir con la ley vigente, y no por el buen criterio del presidente de la empresa, como equivocadamente declaró el ministro Eyzaguirre, los accionistas minoritarios pudieron defender sus intereses.

¿Por qué entonces, sin evaluar el funcionamiento de las normas actuales -algunas de las cuales tienen poco tiempo de vigencia- se proponen nuevas, que alteran significativamente el funcionamiento de las empresas? Porque cualquiera que haya estado alguna vez en una reunión de directorio sabe que 11 directores puede ser un número excesivo para una sociedad. Pero lo más grave es que se está rompiendo el principio de una acción un voto, que es la base del funcionamiento de las sociedades anónimas, sin necesidad de hacerlo porque actualmente los Comités de Directores, aunque sus integrantes hayan sido elegidos por el controlador, cumplen celosamente su cometido porque deber responder por sus actuaciones. Es peligroso cambiar el eje de la responsabilidad ante los accionistas, que hoy está radicada en el directorio y sus integrantes, a el controlador, que es lo que en la práctica hace esta legislación.

La reacción natural ante estas dificultades -de ser aprobadas estas normas- será cerrar cada vez más las sociedades. Los accionistas minoritarios, las AFP entre ellos, se están forzadamente convirtiendo en accionistas indeseables por una ley mal concebida. Ciertamente, éste no es el tipo de reformas que necesita el mercado de capitales chileno. Es una lástima que los responsables de la política económica no tengan el liderazgo suficiente para imponer la cordura sobre los intentos populistas de un gobierno que usa esta legislación para fines espurios.

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