• Tarifas obsoletas
• El voto electrónico

Este plan, que se está conversando actualmente, pretende formar personas entrenadas para hacer "movilizaciones" en las empresas. "Ellos intervienen en las compañías y se hacen cargo del problema, para que al salir de ellas en uno o dos meses la dejen en otro estatus tecnológico", explica Aleé.

Hasta ahora la CORFO ofrece herramientas que apuntan mayoritariamente a capacitación y consultoría. Esto, a su juicio, es un problema, ya que "lo que menos necesita hoy día una PYME es que les enseñen. Asisten a los cursos los jefe de informática, los que más saben y el resto se mantienen en la ignorancia".

El ejecutivo sostiene que ese cambio de la forma de ayuda es un deber del gobierno "porque el desarrollo del país es obligación del Estado". En ese sentido, explica que "hay un proyecto para readecuar los fondos y para hacerlos más pro activos", que lo propuso la Acti al Ejecutivo, pero que quedó fuera de la agenda digital, presentada en marzo.

En cuanto a la entrega de los dineros, Alée señala que operaría de forma similar a como lo hace hoy el fondo de consultoría de CORFO donde el 30% de los costos los paga la empresa y el 70% lo cancela el Estado.

Esto, vendría a corregir el hecho de que en el país se han gastado "muchos recursos, pero no se ha reconocido la debilidad más pedestre de la realidad de este país: que somos un país pobre y la gente no le interesa innovar porque no tiene tiempo".

A este panorama, en el sector público se suma un factor más, apunta el ejecutivo, "y es que en este país se aprueban muchas leyes o regulaciones y son políticas de papel, nadie piensa en los proceso que hay detrás". Sin embargo, si se considerara junto con establecer la ley, los procedimientos necesarios mucha de las cosas que se piensan teóricamente o académicamente podrían ser mucho más efectivas. En este punto, lo que hay quehacer es llamar a las licitaciones de gobierno para implementar la tecnología que permitan hacer realidad una de las leyes que ya están vigentes. "Un ejemplo de esto sería la ley de silencio administrativo", asevera.

Para el ejecutivo "el fijar tarifas es una cuestión obsoleta" y la fijación de los procesos tarifarios es como "chutear" el problema para cuatro años más cuando haya cambiado la autoridad. A su juicio lo que ocurre es que el gobierno no se ha hecho cargo de la realidad. "Hoy los aparatos se comunican, no sólo las personas, el 80% de las comunicaciones en el mundo son entre computadores y no entre personas", asevera. En países como Japón y Estados Unidos el concepto de telefonía móvil, por ejemplo, es totalmente distinto.

Agrega que la fijación "no tiene sentido cuando existe la telefonía IP al lado a las puertas que podría bajar esas tarifas en diez veces, aunque con menor calidad".

En su opinión es posible transformar las telecomunicaciones "en un sistema con múltiples ofertas, desarrollar más servicios y posibilitar que la gente pueda cambiarse de operadora más rápidamente", donde un punto importante es la portabilidad del número telefónico.
Respecto a los resultados como filial local de Nec, la entidad logró incrementar su facturación en un 30% durante el primer trimestre, pero esto no se ha traducido en mayores ganancias, "por el efecto de las bajas de precios y el dólar", según Aleé.

En momentos en que se discute sobre la inscripción automática y la participación ciudadana en las elecciones, Jaime Aleé sostiene que la identificación electrónica de los votantes es una herramienta útil para incentivar a las personas. "La identificación biométrica a través de la huella digital terminaría con los libros de registros, agilizando el proceso y permitiendo, por ejemplo, votar en cualquier lugar a través de un computador central, el desarrollo de votaciones aún en días hábiles en un periodo prolongado de tiempo (una semana) y la eliminación de los vocales de mesa. Sin embargo hay una traba, según Aleé hoy "no existe la voluntad política para implementar un sistema de este tipo".