El Presidente de la República reafirmó en su Cuenta Pública al país su intención de convertir a Chile en un país digital, idea que asumió desde el primer día de su mandato. Siguiendo esta lógica, en marzo se dio a conocer la Agenda Digital (AD) para el período 2004-2006, desarrollada por el Grupo de Acción Digital, el cual fue presidido por el coordinador gubernamental de Tecnologías de Información. El objetivo se definió como "contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo, así, la identidad cultural de la nación y de sus pueblos originarios".

Sin embargo, estamos frente a un problema: las TIC no generan por sí solas un mayor uso, ni menos algún impacto sobre las organizaciones, sociedad e individuos. Por el contrario, el desarrollo de iniciativas TIC requiere de un esfuerzo adicional, más que las propias inversiones y sus costos. Por lo tanto, es necesario revisar si lo declarado en la agenda digital apunta a su mayor uso y posteriormente si generan un impacto real, o simplemente estamos invirtiendo en infraestructura para luego esperar que, por magia, se generen los frutos esperados. Como antecedente, las iniciativas asumidas en 1999 en el plan presidencial, ocho de las 10 declaradas tienen directa relación precisamente con acceso e infraestructura y no sobre una especialización en la materia.

Al revisar otras experiencias, muchas se han focalizado en una mayor base tecnológica, sin esperar que ella sea utilizada. Ejemplo de ello corresponde a un estudio del Finacial Times, donde sólo el 2% de los proyectos de software del gobierno de EE.UU. se ha utilizado tal cual como se entregaron, y cerca de un 80% de dichos proyectos duplica sus estimaciones iniciales de costos. Cifras similares han sido reportadas en el ámbito nacional. Con ello, la capacidad de utilizar las TIC adecuadamente en Chile, ha sido, en general, menos que satisfactoria. La razón detrás de esta situación es que para sacarles partido a las TIC se requiere la participación integrada de varios especialistas. Sin embargo, este tipo de integración rara vez se da en la práctica, generando los resultados, a esta fecha, conocidos.

Con estos antecedentes es válido responderse si las iniciativas de la AD 2004-2006 están apuntando hacia una estrategia de mejorar el uso e impacto de las tecnologías: no, simplemente estamos invirtiendo en infraestructura. Basta con analizar las 34 iniciativas propuestas en la AD 2004-2006 y los resultados indican que 22 de las planteadas están orientadas a infraestructura. A modo de ejemplo, en las de educación, todas ellas apuntan a crear oferta o entregar mayor acceso. Sin embargo, no existe ninguna orientada a utilizar las potencialidades de las TIC (tiempo, espacio y contenido) que permitan cambiar el actual paradigma educacional. Se podría implantar la sala virtual en Geografía de Chile, construyendo una clase virtual con alumnos de todo el país, donde ellos exponen la geografía desde donde viven a través de cámaras web y sistemas de apoyo al aprendizaje. Por otro lado, aún se insiste en una industria TIC a nivel nacional en términos genéricos, como, por ejemplo, intensificar el programa de Atracción de Inversiones Extranjeras de Alta Tecnología: bastaría recordar el caso de Intel en Centroamérica. Olvidamos que disponemos de aplicaciones de clase mundial que requieren pequeños esfuerzos para desarrollar un negocio rentable, partiendo por focalizar su estrategia. Finalmente, un alcance sobre el Estado en Línea: habría que entender cuáles son las causas de la baja utilización de los actuales servicios del Estado antes de definir políticas en torno a éste: existe una alta cantidad de proyectos en uso actualmente -640- y un 80% está orientado a compra de infraestructura, sin identificar métricas de servicio ni de impacto. Es decir, más de lo mismo.

La Agenda Digital ha sido un intento por estructurar una hoja de ruta que permita orientar los esfuerzos de las TIC, los negocios, el Estado y la vida ciudadana. Pero debe estar abierta a reorientarse acercando más las acciones a un mayor uso y, en definitiva, a la creación de valor público y privado, situación que no ha sucedido hoy en día. No podemos esperar tener los índices de infraestructura de los países desarrollados para avanzar en su masificación. Muy por el contrario, debemos modificar el paradigma tradicional de invertir en infraestructura para luego aprovecharlo: esto es justamente la oportunidad y desafío que nos plantean las TIC, a diferencia de las tecnologías tradicionales.