Para los que llevamos unos cuantos años intentando instalar un debate nacional ,y junto con ello, empujar la acción política y económica hacia la fundación integral de un modelo de desarrollo económico cuyo eje rotativo sea la innovación tecnológica y el conocimiento, nos resulta gratificante y alentador que sea la primera magistratura del Estado quien manifieste, informalmente en diferentes apariciones públicas, y formalmente en la última cuenta dada a la Nación, su convicción de "aumentar nuestra capacidad científica y tecnológica, de innovación y conocimiento". El propio presidente agrega: "Ahí está el verdadero futuro". Para mayor sorpresa, el Presidente Lagos, con acertada intuición, no ha dejado de vincular a la innovación con las patentes de invención, y con ello, tácitamente, con la propiedad intelectual.

Sólo basta mirar nuestro entorno productivo, nuestra fortalezas en I&D y las prioridades y actuaciones de la administración para entender que la nueva sintonía del Primer Mandatario sólo tiene por ahora el valor de importante señal primigenia que exige necesariamente ser desarrollada en su justa dimensión y alcance, y por supuesto, convenientemente ejecutada.

No se trata únicamente de destinar mayores recursos a las de tareas de I&D. Teniendo en cuenta la tibia y casi nula convergencia entre los agentes llamados a reconvertir nuestra estructura productiva, lo anterior no sería otra cosa que echar más bencina al incendio. Lo primero es articular una política estratégica integral y contundente que tenga por objeto el eje ciencia-tecnología-empresa-propiedad intelectual.

La innovación tecnológica es un eficaz motor de crecimiento, sólo, y sólo si, los resultados de las actividades innovativas pueden encontrar refugio al amparo de los derechos de propiedad intelectual; y si esos resultados protegidos -nuevos productos, procedimientos para la obtención de nuevos productos o productos y procedimientos mejorados- con derechos de exclusividad (propiedad intelectual) puedan colocarse en el mercado. Es allí donde actúa la ventaja competitiva que otorga la exclusividad, y donde finalmente la innovación tecnológica se transforma en importante rédito económico. Si no se cuenta con los agentes, instituciones y sinergias adecuadas para transitar el circuito completo, innovar por innovar aporta, al menos desde un punto de vista económico, sólo pérdidas.

Desgraciadamente la esperanzadora señal presidencial cae en saco roto cuado observamos lo que ocurre en el terreno de las realidades. Los altos estándares intelectuales ya acordados en el ceno del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos petrifican parte importante de las flexibilidades que se necesitan para acertar en el diseño y en el empleo de un modelo de crecimiento con base en la generación tecnológica ad hoc a nuestras características fácticas. Por otra parte, y no teniendo más que aceptar y honrar las obligaciones contraídas en el marco del referido tratado, el Ejecutivo no reacciona adecuadamente manteniéndose pasivo y en constante contradicción ante las necesarias reformas, que ya no por voluntad, sino por obligación, prioritaria y responsablemente se deben ejecutar. En el Congreso Nacional continúa empantanado el proyecto destinado a modernizar y adecuar nuestra legislación a las exigencias de la OMC dando tumbos por derroteros que van por debajo de las obligaciones multilaterales y haciendo oídos sordos a los altos parámetros vinculantes contenido en el TLC con Estados Unidos. El Departamento de Propiedad Industrial continúa en las tinieblas esperando el sueño de los justos. Una economía que pretende confiar y apoyarse en los activos del conocimiento no puede darse el lujo de prescindir de una oficina Nacional de Propiedad Industrial robusta, autónoma y protagónica.

En todo caso, el gesto presidencial vale.