En lo central, la iniciativa descarta la rotación obligatoria de los auditores externos cada cinco años, debido a sus altos costos, y propone que los accionistas los aprueben con quórum calificado. Además, contiene una serie de restricciones que buscan garantizar la independencia del auditor externo y otorgar mayor transparencia en la entrega de servicios adicionales a la auditoría. Asimismo, extiende el funcionamiento de los comités de directores a todas las sociedades anónimas abiertas.

Para mejorar la transparencia de las auditorías, fortalece el rol del comité de directores. No sólo para las sociedades que tienen un patrimonio bursátil de UF 1,5 millón como es la norma actual, sino que se extiende a todas las sociedades anónimas abiertas que son fiscalizadas por la SVS y que transan en bolsa. También propone que los accionistas aprueben con quórum calificado a los auditores externos y que se entreguen explicaciones –a la SVS y a los accionistas- si se cancela a los auditores en medio de su período de ejercicio.

Para evitar la dependencia económica de las auditoras se establece un límite al porcentaje de ingresos que pueden percibir de un determinado grupo económico o empresa y se les prohíbe la prestación de algunos servicios complementarios.