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Alvaro Díaz asegura que se respetará privacidad de información
Alistan plataforma electrónica para Silencio Administrativo
Sigilosamente avanza la implementación de la Ley de Silencio Administrativo. Durante el próximo año el gobierno pondrá en marcha una plataforma electrónica integrada dirigida a los privados que pretende articular las bases de datos de los servicios públicos que manejan los principales certificados que requieren los ciudadanos y así evitar la repetición de sus trámites

04 de diciembre de 2003
Fuente: Diario Financiero

Con ello se soluciona uno de los puntos pendientes de la Agenda Pro Crecimiento I en lo que se refiere a la modernización del Estado. Según el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sofofa, Juan Claro, es necesario acelerar la implementación de las leyes sobre Directivos Públicos, Compras Públicas y Silencio Administrativo mediante "estudios de procesos y de manejo del cambio, soportes adecuados de tecnologías de información y presupuestos acordes".

El subsecretario de Economía y coordinador de Tecnología de Información del gobierno, Alvaro Díaz, explica que el desafío es articular al denominado back Office, donde la idea es que las oficinas públicas que atiendan a los ciudadanos tengan un respaldo que evite solicitar la documentación que ya maneja el Estado.

Así, instituciones que poseen una gran cantidad de datos -como el Registro Civil-, podrán traspasar sus informaciones a otros servicios, respetando la privacidad de las personas establecidas en la Ley y sus correspondientes restricciones informativas.

"Esto va a permitir que una oficina municipal no pueda solicitarle a alguien el certificado de nacimiento, porque ese documento ya está en la base de datos del sector público, lo que facilitará la entrega de servicios a las personas y empresas", precisa.

Lo mismo puede ocurrir para una empresa que pida subsidios a la contratación de mano de obra -cuyos antecedentes pueden ser vistos en línea por la Tesorería-, o permisos de edificación en las Municipalidades.

A juicio de Díaz, la plataforma de servicios se sustentará en el principio de la privacidad de la información "para que la gente tenga la certeza jurídica de que su privacidad es respetada por el sector público, lo que da confianza y transparencia al sistema".

Por ello, el Ministerio de Economía contratará, con recursos obtenidos por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un primer estudio para ver el tema reglamentario y legal, los costos, estandarizaciones técnicas y el tipo de infraestructura que se requiere.

Inversión

Si bien aún no están definidos los montos para implementar el proyecto, su inversión forma parte de los US$ 22 millones prestados por el BID para el desarrollo del gobierno electrónico que en una primera etapa considera US$ 11 millones.

Díaz señala que el aspecto de los recursos es secundario frente a la eficiencia que puede alcanzar la iniciativa "con impactos de alta calidad, porque si se hacen las cosas mal se van a estar botando los dineros".

Otro aspecto clave serán los grados de interconectividad que logren los servicios públicos que operan bajo el programa Ventanilla Empresa, puesto que "deben adaptarse progresivamente para disponer de masas de información grandes y colocarlas a disposición de toda la red de servicios", dice el subsecretario.

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