5 de septiembre de 2005
Por: Lilian Duery A.
El Royalty II, Ley de la República, traspasará la totalidad de la recaudación del impuesto específico de la minería al llamado "Fondo de Innovación para la Competitividad".
Unos 140 millones de dólares, 75 mil millones de pesos al año.
Tal fondo aumentará en 50% los actuales recursos que el Estado entrega en investigación y desarrollo. Pero no alcanzará para cumplir la promesa que Ricardo Lagos hizo al comenzar su gobierno, de duplicar la inversión en ciencia y tecnología, lo que equivaldría al 1,3 % del Producto Interno Bruto.
El proyecto de ley está ahora en discusión en el Senado.
La iniciativa tiene ilusionados a científicos, rectores, ministros y empresarios.
Los que entrevistamos coinciden en que el proyecto sienta las bases para el despegue definitivo del país hacia el "club de los emergentes desarrollados".
El proyecto quiere montar una institucionalidad eficiente, capaz de coordinar los esfuerzos, estimular el nexo público-privado y, lo clave, diseñar una estrategia nacional a 12 años.
El cuerpo legal establece un fondo de fondos. Los beneficiarios recibirán los aportes a través de los programas públicos existentes, como Conicyt, Corfo y otros. A la larga, habrá un gran pozo acumulado.
El eje de toda la operación será un "Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad". Asesorará al Presidente y sentará las bases para la "Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad". Ésta será formulada directamente por el Jefe de Estado y se revisará cada cuatro años. El proyecto tiende a reforzar dos componentes clave: investigación básica y doctores.
"La estrategia analizará cuál es la posición del país frente a otros, sus principales sectores, las perpectivas que ellos tienen y cuáles son las condiciones del mundo que impactarán sobre nuestra economía", sostiene el subsecretario de Economía, Carlos Álvarez, quien ha debido defender el proyecto. No es casual, el eje del poder en ciencia y tecnología cambia ahora desde el Ministerio de Educación al de Economía.
"A partir de allí -continúa-, esta estrategia definirá una visión de dónde queremos estar en 12 años y lineará los caminos de acción y recomendaciones para fortalecer el sistema".
Los premios nacionales de ciencia, Jorge Allende y Servet Martínez, en representación de la Academia Chilena de Ciencias, critican que el Consejo que crea el proyecto no tendrá capacidad para asesorar en temas tan relevantes, en particular por la presencia de un solo científico, elegido a partir de una quina propuesta por la Academia.
Pese a que el proyecto de ley no lo menciona, el ministro de Educación, Sergio Bitar, asegura que ese organismo tendrá equipos que estudiarán todos los aspectos necesarios de analizar, incluyendo experiencias y proyectos del extranjero.
"España cuenta con un Consejo interministerial similar, pero también con un consejo asesor de científicos, tecnólogos y empresarios muy representativos", sugiere Allende.
"No podremos copiar modelos a ciegas del mundo. Tenemos que viajar, contrastar, hacer estudios, procesar para construir nuestra propia innovación", destaca Servet Martínez.
Pedro Rosso, rector de la Universidad Católica de Chile, propone la composición de al menos 18 integrantes divididos en tres tercios; con representantes de gobierno, universidades y también del sector productivo, incluyendo las Pymes.
Manuel Krauskopf, rector de la Universidad Andrés Bello, opina que la integración de esa Comisión no debe ser institucional, sino que altamente tecnificada y, por eso, sus miembros deben elegirse con pinzas.
Servet Martínez y Jorge Allende también observan como punto grave que el presidente de dicho Consejo no tenga acceso directo al Presidente de la República, según ellos, debería estar sentado en La Moneda.
Gran parte de la comunidad académica está molesta por el hecho de que el presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) integre el Consejo Nacional sin derecho a voto.
Junto a ello, preocupa que Conicyt baje su tradicional perfil como agencia administradora de recursos, dado que, en el proyecto de ley, la Subsecretaría de Economía es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional.
No fue posible obtener declaraciones desde Conicyt.
Para el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, si no se corrige la situación indirecta de Conicyt, se perderá la inversión realizada en los últimos años. "Ese organismo debe participar con derecho a voto y transformarse en oficina presidencial", sostiene el académico.
Manuel Krauskopf tiene otra mirada. A su juicio, mientras el proyecto de ley incremente en forma significativa Fondecyt -el fondo de Conicyt que alimenta la base del conocimiento de la ciencia chilena-, da lo mismo que tenga o no reconocimiento de voto en ese Consejo.
"Me parece totalmente anacrónico que haya asignación predeterminada en regiones", alega el rector Rosso.
El 25% del fondo de la innovación para la competitividad tendrá uso obligatorio en regiones y, de ese porcentaje, el 60% irá a regiones mineras.
"La asignación debería hacerse según las necesidades y la relevancia de los proyectos, de lo contrario es malgastar recursos, algo que está demostrado", asevera Pedro Rosso, sin negar la importancia de empujar el desarrollo regional.
"Tal decisión política es un modelo simplista que no garantiza la optimización de los recursos", subraya el rector Riveros.
Pese a ello, asevera que será fundamental incentivar la asociación entre universidades, independiente de dónde estén.
Como en el proyecto de ley hay aspectos ambiguos o que no son explícitos, también surgen interpretaciones negativas.
Una de ellas es el temor de que haya un trasvasije de fondos y que los recursos asignados a ciencia y tecnología terminen siendo los mismos.
De hecho, el senador Rafael Moreno dijo en el Congreso "que la Corfo podría perder parte o la totalidad de los recursos que recibe del fisco".
La asignación política de recursos en ciertos casos tampoco agrada. Si bien la distribución de fondos se hará mediante concurso, el proyecto abre la posibilidad de una modalidad no concursable. "Eso no me gusta", indica Pedro Rosso.
"Tengo la sensación de que tenemos los bueyes antes de la carreta", expresa Fernando Monckeberg, en el sentido de que se arman sueños sin tener una política coherente.
El científico no está seguro de que la capacidad de innovación que se pretende crear contenga investigación interdisciplinaria, incentivos por parte del Estado, compromiso de sector productivo y apuestas a las pocas áreas en dónde Chile, país pequeño, puede ser competitivo.
El rector de la Universidad de Chile también tiene dudas de que el país sea capaz de usar eficientemente esos recursos de la minería. Él apuesta fuerte a los posgrados, ya que no son la guinda de la torta, sino que ésta misma.
El ministro Bitar proyecta al 2010 llegar a 2.000 doctorados graduados al año.
La principal desconfianza de Krauskopf es que la estrategia que se diseñe no vaya aparejada al cultivo de una cultura de patentamiento, que incluye conocimiento básico hasta tecnologías. Chile ha contribuido al mundo con el conocimiento no protegido de sus propios científicos y no ha sido compensado suficientemente.
Es la lección.
El organismo propuesto incluye un experto en políticas públicas, quien lo presidirá, un experto en ciencias, un empresario de vasta trayectoria y un experto en políticas de formación de recursos humanos, todos designados por el Presidente de la República a partir de propuestas de diferentes organismos. Además participan los ministros de Economía, Hacienda y Educación, el presidente de Conicyt y el vicepresidente ejecutivo de Corfo (estos dos últimos sólo con derecho a voz). Los consejeros serán elegidos cada seis años, con período renovable adicional, con excepción del presidente, cuyo período será de cuatro años. El Consejo sesionará al menos una vez al mes.
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