• Gestión deficiente
• Experiencia de empresas
• Evolución del marco jurídico

El año pasado las quiebras disminuyeron 5,65% con respecto al 2001, según la Superintendencia de Quiebras. Un 47% fueron declaradas por el propio deudor e idéntico porcentaje fue pedido por los acreedores. El 6% restante las ordenaron otros actores. La entidad fiscalizadora sólo registra las causas cuando ocurre el primer caso, porque los fallidos deben presentar una memoria que refleje su estado de insolvencia.

Para formarse una impresión general, la entidad escogió una muestra de doce empresas para confirmar lo que de alguna manera ya presumía. El resultado: las quiebras se vinculan a factores ajenos a los propietarios o a la directiva. En otras palabras, significa que no consideran como elementos que explican el derrumbe el sobreendeudamiento, la pérdida del control de los gastos, la ausencia de estudios de mercado o la carencia de asesoría técnica o profesional, por ejemplo. "Sin embargo, muchas PYME son empresas familiares, por lo que en su mayoría no cuentan con profesionales idóneos a cargo de la administración de las mismas", sostiene el superintendente de Quiebras, Diego Lira.

Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que los deudores alegaron para cerrar las puertas de sus empresas? Entre las explicaciones más recurrentes destacaron contracción del mercado, bajas en las ventas, disminución de la demanda, no generación de flujos, restricción del poder adquisitivo, falta de liquidez, altas tasas de interés y fracaso de un negocio estratégico porque la contraparte no cumplió o porque las reglas del juego eran poco favorables (existencia de competencia desleal).

Sin perjuicio de la incidencia que pueden haber tenido tales razones, un análisis más detallado de cada caso arroja otras explicaciones. Una de las más relevantes –por lo menos para los rubros calzado y textil- fue la incapacidad de reacción para enfrentar la competencia de las importaciones, especialmente por no invertir en nueva tecnología a tiempo o por desviarse del foco principal del negocio. Ambas tienen en común, dicen los síndicos, una administración estratégica deficiente.

Para el síndico, Pablo Cifuentes, los problemas financieros se convirtieron en el fantasma de los empresarios durante 2002, situación que en las PYME se agrava por la concentración de los grandes compradores. "Hay tres supermercados y tres multitiendas que imponen reglas de precio, de calidad y formas de pago. Y si tienen que invertir en tecnología y maquinarias o que les paguen en plazos de 90 ó 120 días con factura, les están imponiendo una carga financiera que puede ser inaguantable. Eso es lo que he visto en las solicitudes de los propios fallidos", señala.

Su colega Patricio Reyes es categórico al apuntar dos culpables: la situación económica del país y las importaciones. Sin embargo, reconoce que una buena gestión ayuda a que una empresa no naufrague en tiempos difíciles. En este punto coincide el también síndico, Jorge Mislej, quien señala que errores en la administración como divergencias entre los socios o exceso de gastos, en nada contribuyen a la empresa a salir a flote, aunque cuente con liquidez y patrimonio.

Y aunque no es posible descartar que el contexto económico en que se desarrolla una actividad económica influye a la hora de obtener cifras azules, una deficiente administración y la competencia de productos importados son factores que reman en contra de la corriente de la solvencia de una compañía.

Tal es el caso de la Sociedad Textil Sorrento Ltda., cuya quiebra fue declarada por el deudor y está en manos de Pablo Cifuentes. La empresa fabricaba prendas de vestir para bebés para la marca Opaline, la que no pudo competir con productos asiáticos, porque "la manufactura era muy cara". A la fecha han pagado las remuneraciones adeudadas a los 200 trabajadores que había al momento del cese de las operaciones y en marzo o abril próximo venderán el terreno -en un precio estimado de $500 millones- para pagar las indemnizaciones y esperan que los recursos alcancen para los pagos al acreedor hipotecario. En el remate de las maquinarias y prendas de vestir obtuvieron $100 millones.

Situación similar a la de Opaline es la que afectó a Manufacturas Calpany S.A.C.I., ya que tampoco pudo con las ventas de calzados importados de China. Sin embargo, el síndico a cargo de la quiebra, Patricio Reyes, reconoce que el segundo problema que derivó en el cese de las operaciones fue una "pésima" administración. "Los dueños (familia Mingo) entraron a otros negocios, ingresaron nuevas generaciones de la familia y no invirtieron en tecnología. Creo que si hubiesen renovado la maquinaria, podrían haber competido con los productos importados", acota. Prueba de ello, es que las máquinas las vendieron sólo en $20 millones.

En la venta del bien raíz, aún no hay suerte, ya que intentaron rematarlo por un mínimo de $400 millones, pero no hubo ninguna oferta. Ahora están a la espera de que exista algún oferente para un monto base de $320 millones. Pese al cierre de la fábrica, la marca Calpany permanecerá en el mercado, dado que antes de la quiebra y debido a un embargo judicial, fue adjudicada a Forus (comercializadora de Hush Puppies) por aproximadamente $12 millones. En el caso del grupo de empresas relacionadas con la cadena de panadería y pastelería Fuchs - que están a la espera de ser rematadas- todo indica que simplemente no pudo resistir la tormenta llamada crisis económica. Tomy Comercializadora (elaboradora de los productos marca Fuchs), Tomy Locales Comerciales (locales y cadena de franquicia) y Tomy Transportes (distribución y transporte de los productos), tienen continuidad de giro por un plazo de 180 días.

El síndico a cargo, Jorge Mislej, señala que esperan venderlas como una sola unidad económica (muebles, instalaciones, vehículos) en el corto plazo. El total de pasivos de este grupo –conformado por seis empresas, tres de ellas operativas- bordea los $950 millones. En cuanto a las deudas que mantiene la compañía con sus 250 trabajadores (sólo de las que están operando), éstas corresponden a las indemnizaciones, finiquitos y las remuneraciones de abril y las de la primera quincena de mayo de 2002.

Si bien las PYME son casi siempre las más perjudicadas por las contingencias económicas, las grandes no se quedan atrás. Los casos de empresas como Wackenhut Chile S.A., cuyo quiebre se declaró en abril de 2002 o de Aero Continente Chile S.A., en junio del mismo año, demuestran los errores de gestión que pueden cometerse en compañías de cualquier tamaño.

A diferencia de otras épocas, hoy en el país la quiebra es el último recurso. Entre los porqué destacan la actual estabilidad económica; la conciencia de los acreedores de que es preferible un convenio; y la complejidad del proceso judicial junto a los altos costos involucrados. Al respecto, el síndico privado, Pablo Cifuentes, explica que antes del ‘82, existía la figura del alzamiento, que permitía evitar el cierre de la empresa, siempre que ésta pagara el valor por el cual sus dueños la consignaban. "Había todo un aparato fiscal y los deudores pagaban durante los primeros cinco días de declarada la quiebra, librándose con ello de sus obligaciones. Así pasó a ser una cobranza y no lo que debía ser: un juicio de administración patrimonial universal y pago a los proveedores en el orden y preferencia establecido por la ley", recuerda. Y agrega que "por ello en esos años se registró una elevado número de quiebras. No fue porque todo Chile estuviera en tal condición. Las cifras se abultaron mucho por el sistema de cobranza".

En 1982 se eliminó la institución de alzamiento de la quiebra, es decir, la compañía no puede salir de ese estado, salvo que gane un recurso especial de reposición. A esto se suma la exigencia de un pago de UF 100 para cubrir los gastos en que incurra el síndico e impedir que la quiebra se transforme en una amenaza, en caso de atraso en un pago.

Un segundo punto relevado por Cifuentes es lo que establece la Ley 19.250, respecto de que la única preferencia que se debe cancelar es lo que dictamina la norma, es decir, los honorarios del síndico y las deudas con los trabajadores, por lo que los bancos dejan de ser los primeros interesados en decretar la quiebra.